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viernes, 22 de noviembre de 2013

EL DEBATE DEL CAIRO PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

El debate del Cairo para la reforma de la Constitución de los Hermanos Musulmanes

Michele Brignone | venerdì 22 novembre 2013
Después de dos meses de trabajos, el Comité de los 50 para la revisión de la Constitución de 2012 ha comenzado las votaciones sobre el nuevo texto de la ley fundamental egipcia. A diferencia de cuanto previsto inicialmente, los 50, nombrados por el Presidente ad interim Adly Mansour (a su vez elegido por el General al-Sisi) no se limitaron a discutir el proyecto preparado por un comité anterior de 10 juristas, sino que están trabajando en modificaciones más amplias.

Entre los temas más disputados (y delicados) está el de los principios constitutivos del Estado y de la relación entre el Islam y el ordenamiento político y jurídico del país. Evidentemente no se trata de una cuestión inédita. De hecho, el debate sobre la relación entre Islam y política anima la esfera pública egipcia desde hace por lo menos un siglo, pero asume especial relieve después de la experiencia del Presidente Mursi. En el borrador que recibió el Comité para su examen se definía a Egipto como un Estado cívico (dawla madaniyya), un término que, al explicitar la naturaleza no religiosa del Estado, quería marcar una ruptura con el régimen de los Hermanos Musulmanes (aunque estos habían hecho del “Estado cívico de referencia islámica” una controvertida bandera) y acatar una de las peticiones de los jóvenes de la plaza Tahrir.

A diferencia de la Asamblea Constituyente que produjo la Constitución de 2012, dominada por los islamistas, en el Comité actual se sientan varios miembros “laicos” y “liberales” de la sociedad egipcia, tanto que la Hermandad ha acusado el organismo que está enmendando “su” Constitución de querer excluir al Islam del ordenamiento egipcio y de actuar contra las leyes de Dios y de su profeta. Sin embargo, la fórmula sobre la naturaleza cívica del Estado ha sido rechazada y probablemente se optará por las de “República constitucional moderna” y “régimen democrático”, que parece que reflejen lo que deseaba Al-Azhar en su documento acerca del futuro de Egipto del de junio de 2011. Así, resulta que la importante mezquita suní y, en particular, el jeque Ahmad al-Tayyeb y su entorno, que en el momento de la destitución de Mursi se alinearon con al-Sisi, son el actor decisivo en las cuestiones atinentes al Islam. En cambio, permanecerán inalterados el artículo 2 de la Constitución anterior, según el cual «el Islam es la religión del Estado» y «los principios de la Sharía son la fuente principal de la legislación» y el artículo 3 según el cual judíos y cristianos tienen derecho de recurrir a sus leyes respectivas en materia de estatuto personal. Algunos miembros del Comité, entre los cuales el representante de la Iglesia copto-católica, habían pedido extender este derecho a todos los no-musulmanes, abriendo de ese modo un resquicio a la libertad religiosa, aunque ni al-Azhar ni mucho menos los salafistas han aceptado. En cambio, es todavía más controvertida la suerte del artículo 219, bandera de los salafistas de al-Nur, que precisaba las disposiciones del artículo 2, detallando lo que debía entenderse por “principios de la Sharía”. Remitiendo a las normas concretas del derecho islámico (ahkâm al-sharî‘a), hacía que la referencia al Islam fuese mucho más vinculante e impedía interpretaciones liberales. Este punto representa una importante verificación para que se mantenga la alianza contra naturaleza entre las fuerzas “laicas” y los salafistas, y aquí también es muy probable que la mediación decisiva llegue de al-Azhar. En cualquier caso, es necesario un acuerdo, aunque fuese solamente porque en sede de votación cada artículo debe obtener el 75% de los consensos de la Asamblea.

Naturalmente las cuestiones relativas al Islam no son las únicas que ocupan las actividades del Comité de los 50. Otros capítulos son decisivos para comprender en qué dirección se moverá Egipto, desde la forma de gobierno, a la independencia de la magistratura, al papel del ejército —que querría mantener y quizá incrementar los privilegios de los que gozaba en el pasado y presiona para seguir teniendo el derecho de juzgar a civiles en los tribunales militares—. Sobre cada uno de estos puntos el debate sigue abierto y no será fácil encontrar la vía del compromiso “noble”, considerando la composición tan heterogénea del Comité —que incluye a los salafistas revolucionarios de Tamarrud— y el papel que el ejército sigue desempeñando como accionista principal de la operación.

Hacerlo peor que los islamistas será difícil, pero el camino hacia la institución de un régimen no autoritario y al mismo tiempo capaz de garantizar la estabilidad y el desarrollo del país todavía es muy accidentado.

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